En el proceso contra UDALBILTZA, 22 personas deben hacer frente a peticiones de cárcel de entre 10 y 23 años para cada una de ellas. La mayor parte de estas personas son ex-concejales y ex-concejalas y los hechos que relatan las acusaciones (Ministerio Fiscal y la asociación “Dignidad y Justicia”) no se refieren sino a proyectos de los que impulsa cualquier ayuntamiento, en ámbitos como la cultura, la educación, la lengua, el deporte, el desarrollo económico u otros parecidos. Ni una sola de las actividades que se les imputan puede considerarse como delictiva. Sin embargo, se piden entre 10 y 23 años de cárcel para cada una de las personas imputadas.

Además, a través de la Audiencia Nacional española, se quiere juzgar e ilegalizar la primera Institución Nacional que ha tenido Euskal Herria (el Pueblo Vasco) en la época moderna. Se quiere cercenar un derecho democrático, el que asiste a la sociedad vasca para erigir su propia expresión institucional como Pueblo.

A la vista de la situación, al comienzo de este verano se puso en marcha una iniciativa entre antiguas y actuales personas electas municipales para elevar a instancias internaciones una denuncia del proceso. Mediante esta nota de prensa queremos ofrecer un primer balance de esta iniciativa.

Entre las personas firmantes, se encuentran representantes y ex-representantes municipales de todas las fuerzas políticas que impulsaron la propia creación de UDALBILTZA (Abertzaleen Batasuna, Euskal Herritarrok, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna), así como independientes y representantes electos por ANV, Aralar, Nafarroa Bai y Izquierda Unida de Navarra.

Más de 1.000 representantes y ex-representantes municipales han suscrito un documento en el que se defiende la legitimidad de la actividad de UDABILTZA y se denuncia al Reino de España por procesar a esta institución bajo la acusación de terrorismo. Las denuncias se elevarán a las siguientes instancias:

• Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
• Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
• Comisario de Derechos Humanos y Director General de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa.
• Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Queremos recordar resumidamente que en el escrito de denuncia se recogen los puntos siguientes:

1. Tanto las Naciones Unidas como las Instituciones Europeas han aprobado resoluciones que reconocen el derecho de los pueblos, las naciones, a dotarse a sí mismas de las instituciones que estimen conveniente para poder articularse y desarrollarse como pueblos; en Europa existen experiencias similares a las de UDALBILTZA.
2. La legitimidad democrática de UDALBILTZA proviene de las y los representantes institucionales elegidas y elegidos por sufragio universal, que son quienes fundaron la institución y la integran.
3. Se denuncia al Estado Español por cercenar los derechos citados y, dado que no existe actividad alguna de UDALBILTZA que quepa calificar de terrorista, por realizar una ampliación extensiva del delito de terrorismo a ámbitos sociales, culturales y políticos, rompiendo cualquier principio democrático.

Las personas procesadas en el sumario UDALBILTZA han manifestado que continuarán recabando adhesiones al escrito de denuncia, con el fin de “acudir a todas las instancias señaladas con el apoyo más amplio posible”. Por lo tanto, “hacen un llamamiento a todas las personas electas o ex-electas municipales que consideran la legitimidad de la institución UDALBILTZA, su carácter democrático, así como la utilidad pública que comporta para el conjunto de territorios de Euskal Herria (el País Vasco), para que suscriban el manifiesto de denuncia”.