En el proceso contra UDALBILTZA, 22 personas deben hacer frente a peticiones de cárcel de entre 10 y 23 años para cada una de ellas. La mayor parte de estas personas son ex-concejales y ex-concejalas y los hechos que relatan las acusaciones (Ministerio Fiscal y la asociación “Dignidad y Justicia”) no se refieren sino a proyectos de los que impulsa cualquier ayuntamiento, en ámbitos como la cultura, la educación, la lengua, el deporte, el desarrollo económico u otros parecidos. Ni una sola de las actividades que se les imputan puede considerarse como delictiva. Sin embargo, se piden entre 10 y 23 años de cárcel para cada una de las personas imputadas.